Argumentos para legalizar la marihuana: la falacia de la disuasión y la (in)justicia de las leyes

¿En qué argumentos se basan las leyes que prohiben las drogas en México? ¿Por qué esos mismos argumentos no aplican para otras actividades que también son potencialmente peligrosas, inmorales o que representan un problema de salud pública? En este ensayo del equipo de LegalizaColima hacemos algunos cuestionamientos a la lógica detrás de la prohibición de la marihuana.

 

 

El régimen legal punitivo que impera actualmente sobre el consumo de mariguana -y de los drogas en general- tiene muchos problemas. Algunos de ellos se expresan en su probada ineficacia práctica y en sus altos costos políticos y sociales. Otros, en un conjunto de falacias que lo sustentan. Colin McGinn, el editor del libro ¡Legalización ya! Argumentos en favor de la despenalización de las drogas, de Douglas Husak, escribe como prefacio a este texto un sucinto pero sustancioso argumento que ilustra la falacia del modelo que penaliza y criminaliza el consumo de drogas. Parafraseándolo, el argumento dice más o menos así.

El sentido común sobre el cual se erige la política actual de combate al consumo de drogas dicta que las leyes están ahí para mantener “bajo control” (vigilar, perseguir, castigar) el consumo de drogas. Este sentido común invariablemente asocia el consumo de drogas -de manera sesgada y prejuiciosa- con imágenes de vagabundos adictos al crack y violentos narcotraficantes. Desde este punto de vista, las leyes punitivas de naturaleza penal permiten combatir y mantener a raya estas perniciosas consecuencias.

Sin embargo -con el afán de reflexionar críticamente sobre estos sentidos comunes-, el autor nos invita a considerar un problema distinto: la comida alta en grasas. Una dieta alta en este tipo de comida hace que la gente padezca obesidad, con las graves consecuencias para la salud que este problema conlleva y que pueden incluso desembocar en la muerte. Por supuesto, nada de esto es bueno y, por el contrario, constituye un problema que la sociedad debería evitar. Las estadísticas han mostrado cifras alarmantes del problema de la obesidad en México y en otros países; problemas vinculados a alimentos saturados de grasas. En esta línea, el autor comenta:

“Para las personas obesas es extremadamente difícil reducir su peso a proporciones saludables a pesar de los riesgos evidentes que supone para su bienestar. Continúan comiendo estas comidas grasas tan tentadoramente expuestas en los supermercados y en los anuncios de televisión: no pueden decir No. No son capaces de controlar debidamente la cantidad y la calidad de su dieta. Y no es algo que se pueda tomar a broma: la obesidad es una de las principales causas de sufrimiento emocional, de problemas de salud y de muerte. ¿Qué se debería hacer para solucionarlo? ¿Se debería criminalizar? Perfecto, poner a la gente en la cárcel por consumir cantidades excesivas de comida grasa, prohibir la venta de estos alimentos y establecer un límite legal a la cantidad de comida que una persona puede pedir en un restaurante o guardar en su frigorífico. Se puede sostener que estas medidas reducirían o eliminarían el problema, especialmente si las penas fueran lo bastante duras. ¡Pronto tendríamos un país de gente sana, delgada y feliz! El miedo sirve para motivar a las personas, si se las intimida con la amenaza de un tiempo en prisión se reformarán y moderarán su consumo de comida. Naturalmente, en el fondo sería por su bien: piénsese en el diabético de 150 kilos a las puertas de la muerte, ¿no queremos salvarle de sí mismo? Si hubiéramos castigado su glotonería inmadura, se habría salvado. La introducción de leyes contra la comida grasa es sencillamente una respuesta racional frente a un problema social manifiesto; una especia de amor ejercido con mano dura y apoyado en el sistema judicial.”

Esta aproximación, como el autor señala, parece espontáneamente absurda y disparatada; hay algo profundamente insensato en comprender el problema de esta manera. ¿Por qué? Ciertamente, la razón de que parezca una locura no es que el problema de la obesidad sea menor o no sea menos grave como otros problemas sociales. ¿Por qué, entonces, esta aproximación resulta inadecuada y absurda? En primer lugar, porque parece poco probable que vaya a resolver realmente el problema. Ante las leyes prohibitorias y punitivas, no resulta difícil imaginar la aparición de conductas que burlen y transgredan dichos controles. Seguramente emergería un mercado negro y florecerían las actividades ilícitas relacionadas con la comida grasa: “Si no puedes conseguir tus fritos de maíz en el supermercado, se los comprarás al traficante de la esquina. Es fácil ver cómo esto generaría toda una cultura de transgresión de la ley, violencia y cárceles saturadas”.

En segundo lugar -y ésta es sin duda la razón más importante-, estas leyes serían injustas: no es lo mismo comerse una bolsa de nachos, que golpear a una persona o incluso que manejar con exceso de velocidad. Encarcelar a una persona por la forma en que se alimenta es una respuesta inadecuada a su problema. El castigo penal no es un método apropiado ni justo para tratar los trastornos alimenticios, básicamente porque la obesidad no daña a otras personas y porque dichos hábitos alimenticios tampoco tiene la intención de hacerlo. Así, el peso punitivo de la ley no debería ser invocado para tratar un asunto que concierne a la salud pública; en su lugar, deberían adoptarse estrategias vinculadas a la educación, la prevención y la atención sanitaria.

Este ejemplo sirve para ilustrar la profunda irracionalidad de la perspectiva punitiva ante el tema del consumo de mariguana. Nos encontramos ante un problema de igual naturaleza cuando hablamos del consumo de mariguana y, en general, del consumo de drogas. Sin embargo, en el caso del consumo de mariguana estas sinrazones parecen pasarse por alto. Alguien podría responder que el consumo de drogas es inmoral mientras que el consumo de comida grasa no lo es. Y aunque no está nada claro en qué sentido el consumo de drogas es en esencia inmoral (y no imprudente), aquí la cuestión importante es que la ley no está para castigar la inmoralidad: no es un suficiente que una conducta sea inmoral para que sea prohibida y castigada. Por ejemplo, decir mentiras para conseguir lo que uno quiere y revelar secretos son conductas inmorales, lo que no implica que deberían ilegalizarse. Tampoco se justifica ilegalizar el consumo de drogas porque sea potencialmente peligroso; en dicho caso, “habría que encarcelar a los conductores de coches, a los esquiadores y a las personas torpes”. Por una parte, resulta poco ético hacer pasar una medida punitiva por una preventiva. Pero, sobre todo, estas acciones no son el tipo de conducta que debería de ser competencia del derecho penal.

El error en todos estos casos consiste en caer en “la falacia de disuasión”: pensar que la mejor forma de combatir actividades que resultan potencialmente negativas para el ser humano consiste en amenazar con algo suficientemente fuerte, como el derecho penal. Se asume que una amenaza (o, en su caso, un castigo) de tal magnitud disuadirá a la personas de realizar la actividad considerada indeseable y que, de esta manera, sus consecuencias negativas desparecerán. Pero este argumento es extremadamente frágil y ha probado de manera repetida su ineficacia. En primer lugar, no está muy claro que las amenazas consigan con éxito y a largo plazo la disuasión que se proponen. Pero -y sobre todo- el precio que se paga por alcanzar la disuasión -si es que esta ocurre- es la injusticia. Por ejemplo, la pena de muerte puede parecer una estrategia altamente disuasiva con respecto a muchas conductas dañinas, pero sería absurdamente injusto aplicarla para prevenirlas. La cuestión es que una ley cuyo propósito es la disuasión debe estar siempre respaldada por una demostración de la justicia de esa ley: “todo el sentido de la ley descansa en proteger la justicia, ésta es la razón por la cual debe merecer nuestro respeto”.

Así, de acuerdo con McGinn, la lógica que penaliza el consumo de drogas como estrategia disuasoria mediante la amenaza y la coacción desdeña el papel fundamental de una ley: su ejercicio de justicia. Ciertamente, es bastante cuestionable que estas leyes sean por sí mismas disuasorias, pero su problema mayor radica en que son leyes esencialmente injustas. La cuestión es si es justo que se trate el consumo de mariguana como un delito penal con sus castigos correspondientes (en ocasiones, largas sentencias en prisión). Por tanto, un primer y fundamental argumento para la despenalización y la legalización de la mariguana consiste en la necesidad de generar leyes y sociedades que sean, ante todo, justas.

 

 

 

One Comment

  1. PensadorVerde octubre 23, 2014 Responder

    Me encanto el articulo, esta es una gran pagina mucha gente deberia echar un vistazo a esta informacion para asi puedan aclarar bien las ideas (muchas veces erroneas) que tienen respecto al consumo de marihuana.

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