Entrevista a Alejandro Madrazo, parte 2: la guerra contra las drogas, los carteles, Colima

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Alejandro Madrazo es uno de los especialistas más reconocidos en Latinoamérica en el tema de drogas y derecho constitucional. En la 1a. parte de la entrevista exclusiva con LegalizaColima nos habló sobre los procesos actuales a nivel Federal y en el DF para legalizar la marihuana. En esta segunda parte, Alejandro Madrazo nos habla sobre las consecuencias de la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, revela los negocios que crecieron a la sombra de esta guerra, y explica por qué Colima podría ser un buen lugar para legalizar la marihuana.

 

Ayotzinapa y Tlatlaya no son eventos que ocurren aisladamente de la política de drogas. Son resultado de las políticas de drogas. En Tlatlaya tienes a un ejército que ejecutó extrajudicialmente a ciudadanos mexicanos, y lo hizo en un contexto de degradación del comportamiento y el desempeño de las fuerzas federales, después de años de estar haciendo una labor que no les corresponde, que es la labor policíaca. No están entrenados para la labor policíaca. El resultado previsible de poner a gente entrenada para una guerra, para eliminar a un enemigo, a perseguir a ciudadanos que delinquen era esta, era la llegada de las ejecuciones extrajudiciales. Ya está saliendo a la luz esto que está sucediendo, y es insostenible que sigamos teniendo al ejército haciendo patrullaje.

La guerra contra las drogas está degradando a las instituciones, y de eso se tiene que dar cuenta el propio gobierno: que no le hace bien a nadie, ni a la ciudadanía, ni a la ciudadanía que delinque, ni al propio Estado y a las instituciones.

Lo de la Ayotzinapa es una llamada de atención muy fuerte. Fue el Estado y fueron estudiantes, muy bien. Pero, ¿en dónde fue eso? ¿Dónde ocurrió eso? Ocurrió en Iguala, que es donde más ha crecido el cultivo de amapola. No está aislado de la guerra contra las drogas. El Estado estaba involucrado en la protección de ciertos grupos narcotraficantes que seguramente están peleando con otros grupos narcotraficantes por la zona y eso está generando un clima de violencia.

Tlatlaya y Ayotzinapa son el producto de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón que Enrique Peña Nieto no supo o no quiso reencausar. Y estamos donde estamos. Y lo que queda claro es que donde estamos no es sostenible.

 

En 2012 el gobernador de Colima dijo que iba a iniciar en Colima el proceso para discutir la legalización de la marihuana. Tuvo sus reflectores a nivel nacional y se comentaron mucho sis declaraciones, pero al final no pasó nada. Hace unas semanas, el gobernador de Morelos envió una carta al Congreso y a Peña Nieto proponiendo la legalización de la marihuana. ¿Crees que se trata de una propuesta seria o que nada más quiere tener presencia mediática, como pasó con el de Colima?

Graco Ramírez ya había hablado de la legalización hace año y medio. No es la primera vez que saca el tema. Después tuvo una crisis muy fuerte de marchas en su contra porque no había podido abatir la inseguridad. Yo creo que mucho depende de su capacidad de negociación política con su propio congreso. Hasta donde entiendo no tiene él la mayoría suficiente para poder tomar una medida unilateralmente, va a tener que negociar. Y en ese sentido, el que él esté recurrentemente sacando el tema me hace pensar que sí cree que se debe legalizar y sí cree que se tiene que avanzar y se tiene que avanzar a nivel estatal. Que pueda o no pueda es una cuestión que dependerá de su habilidad política, de su compromiso y de qué tanto está dispuesto a invertirle. Mujica en Uruguay tenía la mayoría en contra cuando propuso la legalización, y construyó una mayoría.

Ahora bien, yo no conocía esas declaraciones que mencionas del gobernador de Colima, pero Morelos y Colima me parecen estados que –inclusive mejor Colima que Morelos– tienen las situaciones adecuadas para empezar a explorar políticas alternativas. Son estados relativamente pequeños. En el caso de Colima es un estado relativamente próspero y relativamente igualitario: los estados con menor desigualdad son Colima, Aguascalientes y Tlaxcala. Y Colima es un estado que tiene crecimiento, a diferencia de otros estados. El puerto de Manzanillo está en una expansión que no había tenido en décadas. Entonces yo creo que Colima es un buen estado donde se empezar a ensayar distintos experimentos de política pública sobre los que tenemos que aprender y corregir.

¿Qué tanto van a avanzar las entidades federativas? Eso depende mucho de qué tanta voluntad política haya y qué tanta presión social se genere. Una de las cosas que aprendimos del ejemplo de Uruguay es que la sociedad civil estuvo empujando la legalización. O sea, un grupo de la sociedad civil empujando esta agenda logró convencer al gobierno de que la comprara y luego juntos lograron una mayoría legislativa que ahora se está convirtiendo en una mayoría en la opinión pública.

Entonces, fíjate: hablamos de Morelos, hablamos del Distrito Federal, hablamos de Jalisco, hablamos de Colima… ya hablamos de varios estados donde se está proponiendo, de alguna u otra forma, por actores políticos relevantes, una varianza de la política de drogas. Y eso creo que es positivo.

Además, yo sí creo que uno de los errores de la política prohibicionista es no solo ser prohibicionista sino que pretende que es unitalla. Unitalla para todos, la misma solución para todos. Las drogas no tienen una esencia que sea buena o mala; las drogas pueden ser dañinas o pueden ser positivas dependiendo del uso que se les da, y el uso se les da se les da por personas en ciertas comunidades, en ciertos contextos. Entonces la regulación debe atender a esos contextos, y por lo tanto debe diseñarse en función de esas comunidades. En ese sentido yo siento y he sido partidario de que, teniendo parámetros básicos a nivel federal, debemos de explorar varianzas a nivel local, y quizá no solo a nivel estatal, quizá podríamos pensar en varianzas a nivel municipal.

 

Este es un tema en el que hay posiciones encontradas y que siempre es controversial cuando se discute sobre la legalización: Si se legaliza la marihuana, ¿realmente se le quitaría poder al crimen organizado, que ahora no solo se dedica al tráfico de drogas? ¿Es un paso que ayuda a combatirlo?

Sin duda implica quitarle poder al crimen organizado. El crimen organizado en México se ha organizado en torno al negocio del narcotráfico. Y el grueso del negocio del narco es la marihuana. Todo el mundo dice “es más rentable la cocaína”; sí, sí es más rentable la cocaína, pero es tanto más amplio el mercado de marihuana, que es todavía, en términos absolutos, más importante en términos de ingresos el mercado de la marihuana que el de la cocaína, según la mayor parte de los cálculos serios que he leído.

Sin duda les pegaría. No desaparecerían, pero les pegaría, definitivamente. Ahora, con independencia de qué tanto afecta a la capacidad financiera del narco el sustraer de su control el negocio de la marihuana, o inclusive el de la cocaína o de cualquier droga, yo te diría que ahí hay dos cosas a considerar.

La primera es: de entrada, se reduciría la violencia oficial. El grueso de la violencia oficial, el crecimiento exorbitante de violaciones a los derechos humanos que hemos visto denunciados ante la CNDH, tiene que ver con fuerzas del Estado desplegadas para combatir a los narcotraficantes para hacer efectiva la prohibición de las drogas. Si tú dejas de prohibir las drogas, dejas de tener la necesidad de desplegar al ejército en todos los rincones del país para reprimir ese mercado, que es el grueso del mercado, y del control territorial que necesitas para controlar la siembra, para controlar las rutas de tráfico. Entonces, la violencia de Estado disminuiría inmediatamente, ipso facto.

La violencia de los narcotraficantes disminuiría, pero sobre todo, y lo que es más importante para México, es que los usuarios de cannabis (que ahí sí, son órdenes de magnitudes más de cannabis que de cocaína en México) dejarían de acudir y de ser expuestos al mercado negro. Sería mucho mayor el impacto en términos de la población expuesta al mercado negro y por lo tanto a la delincuencia y a situaciones de inseguridad, que el impacto en términos de recursos financieros. Los dos son significativos y los dos valen la pena. Y además te permitiría, financieramente, recanalizar recursos del estado hacia mejor prevención y mejor educación.

Hoy nos cuesta $1,700 diarios cada preso en una cárcel federal. De los cuarenta y pico mil presos en cárceles federales, 10,000 están ahí por marihuana. Nada más por marihuana. Entonces, date cuenta del ahorro que implicaría si no tuviéramos los negocios multimillonarios que dejó el gobierno de Calderón con empresas privadas que proveen los servicios a las prisiones o que hoy en día están construyendo prisiones.

Cuando entró Felipe Calderón había 4 prisiones federales. Cuando se fue dejó firmados contratos multimillonarios, de cientos de millones de pesos, para 20 centros de reclusión. De 4 a 20. ¿Te das cuenta del negocio que implica eso? ¿Y para quién fue ese negocio? Hoy en día sabemos que los funcionarios encargados de manejar el aparato penitenciario del país en el sexenio de Calderón, hoy son socios y empleados de las empresas que proveen servicios a las prisiones. Ahí hay un negocio importante al que hay que ponerle mucha atención. Esos recursos, en vez de estárselos dando innecesariamente a empresas de la represión y a funcionarios que se coludieron con esas empresas, podríamos estarlos invirtiendo en salud y en prevención para nuestra población.

 

Lee la 1a. parte de la entrevista a Alejandro Madrazo

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